- Exenciones objetivas:
- La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores regulados en el título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre éstos.
- La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.
- La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
- La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.
- La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
- La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo
- Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.
- Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.
- Exenciones subjetivas:
- Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
- Ministerio Fiscal.
- La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
- Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
Ya iremos atendido a estas exenciones en otro momento, por ahora os dejo con la reflexión que hice sobre la subida de las tasas.
En
esta ocasión, haré referencia a la subida de las tasas Judiciales, que afectan
de manera directa al acceso de la ciudadanía a la Justicia.
El
Consejo de Ministros aprobó en marzo de este año un anteproyecto de Ley para la
revisión de las tasas establecidas en el artículo 35 de la ley 53/2002 (Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social).
A
través de esta modificación se pretende:
- Aumentar el coste
de las tasas.
- Ampliar el ámbito
de aplicación de la tasa al orden jurisdiccional social, además del orden
civil y contencioso administrativo.
- Eliminar la exención
de pago, debiendo abonar las tasas todo aquel que promueva la justicia,
sea persona física o jurídica. (Esta afirmación será matizada en otra
entrada de blog cuando trate el estudio de
A
continuación mostraré una relación de precios (expresada en euros) que reflejan
el aumento de las tasas según el tipo de proceso y orden jurisdiccional
correspondiente:
ORDEN CIVIL
|
Precio sin la subida
|
Precio con la subida
|
Verbal
y cambiario
|
90
|
150
|
Ordinario
|
150
|
300
|
Monitorio/Monitorio
Europeo/ Demanda incidental en el proceso concursal.
|
50
|
100
|
Ejecución
extrajudicial.
|
150
|
200
|
Concurso
necesario.
|
150
|
200
|
Apelación
|
300
|
800
|
Casación/Infracción
procesal.
|
600
|
1200
|
Como
se puede apreciar el aumento no es nada desdeñable, con subidas de 50 euros,
150 euros e incluso 600 euros.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
|
Precio sin la subida
|
Precio con la subida
|
Abreviado
|
120
|
200
|
Ordinario
|
210
|
350
|
Apelación
|
300
|
800
|
Casación
|
600
|
1200
|
No
deja de llamar la atención como el orden Contencioso Administrativo es el más
afectado por la subida, como se puede comprobar, con subidas de hasta 600
euros, con una media de subida de 330 euros.
SOCIAl
|
Precio sin la subida
|
Precio con la subida
|
Ordinario
|
0
|
0
|
Monitorio
|
0
|
0
|
Suplicación
|
0
|
500
|
Casación
|
0
|
750
|
He
tenido la suerte de visitar juzgados de lo social en los últimos años, asistir
a algunos juicios y desde luego el volumen de procesos era desmesurado. Si solo
la mitad de ellos se recurre se puede comprobar fácilmente que el coste se
disparará.
Aunque
en otra ocasión trataré la cuestión referida a la gratuidad, si realmente
existe algo gratuito, lo que es claro es que la Justicia tiene un coste
que va a pasar a ser mucho mayor. Según el Tribunal Constitucional “La justicia
puede ser declarada gratuita como hizo la Ley 25/1986. Pero resulta obvio que la justicia
no es gratis”. Sinceramente, esta afirmación es una tremenda obviedad y es
complicado entender lo contrario.
Por
otro lado, el mismo Tribunal, a través de su jurisprudencia, estableció que
cualquier subida debía ser razonable, que no impidiera el acceso a la justicia
o la obstaculice en términos irrazonables.
A
la luz de los datos aportados cabe preguntarse ¿El gobierno ha respetado al
Tribunal Constitucional? ¿Cómo justifica este aumento?
El
ministro de Justicia alega que con esta subida se evitará la litigiosidad que
satura los órganos. Bien es cierto que vivimos en la cultura del pleito, basta
con enchufar la televisión unos instantes para escuchar amenazas de denuncias,
demandas, querellas, todas ellas generalmente mezcladas y terminológicamente mal
empleadas. El problema es que la medida tiene un doble filo, pues por un lado
eliminas la plaga de litigios, bajas el volumen procesal, necesitas menos
funcionarios, convocas menos oposiciones y de paso se recauda más. Esto está
muy bien, para el gobierno claro está, pero como de costumbre se pierde de
vista a todo aquel que accede a la
Justicia no por vicio, sino por necesidad.
En
segundo lugar, el Ministro alega que con estas tasas se podrá cubrir la
asistencia jurídica gratuita. Si no se examina bien esta cuestión puede parecer
hasta razonable, pero con un análisis más detallado pierde todo el sentido. El
coste para el Estado de la asistencia jurídica gratuita es ínfimo si lo
comparamos con el total del gasto de la Administración de
Justicia. Por tanto el argumento se derrumba y vuelve a aparecer el interés
recaudatorio.
En
tercer lugar, se ha alegado que el aumento no supone un obstáculo al acceso a la
justicia, puesto que un ciudadano que litiga y puede pagarse abogado y
procurador paga más por sus honorarios que por la tasa. Increíble este prodigio
de la argumentación. No pretendo ser más incisivo de la cuenta, pues todos los
gobiernos han cometido errores de bulto, pero esto es una ofensa a la ciudadanía
en general, a los abogados, a los procuradores y a la inteligencia en
particular. El incremento de la tasa afecta al derecho a la tutela judicial
efectiva (artículo 24 de la
Constitución ) de todos aquellos que no tienen derecho a la
asistencia jurídica gratuita, quienes representan el sector más amplio de la
sociedad. Se está perdiendo de vista que este sector va a pagar más de un
derecho cuando en muchas ocasiones ni siquiera tiene un componente económico
claro. Equiparar los derechos con un precio es realmente temerario pues por
norma general no se pueden traducir económicamente. El hecho imponible se
vincula a un servicio como si de un negocio se tratase, reflejando que
realmente interesa más recaudar que proteger derechos e intereses de la ciudadanía y equiparándolo con el servicio prestado por abogados y procuradores que sí son, en sí mismos, un negocio privado.
Concluyo
pues que esta medida es desproporcionada, tomada de forma unilateral, sin el
consenso necesario de todos los actores que intervienen en este servicio
público, sin atender a las líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional
y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
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